La inocuidad alimentaria, es decir, la alimentación libre de patógenos, la alimentación segura, es un tema crucial en la agenda mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 600 millones de personas se enferman por consumir alimentos contaminados con microorganismos dañinos o con químicos, como metales pesados u otras toxinas; más de la mitad de esas personas fallecen a causa de la contaminación alimentaria (OMS, 2015). Nuestra región no está ajena a la realidad alimentaria del mundo, es más, nuestra economía se basa en la producción de materia prima, como en Paraguay, donde es uno de los pilares fundamentales, en ese sentido, la seguridad de toda la cadena de producción de alimentos es clave para prevenir toda esta situación.
El papel de la academia resulta especialmente relevante al momento de proponer soluciones aplicables a la realidad de cada grupo productivo, desde la producción familiar de subsistencia, hasta la exportación (Riquelme, 2016). En un país que exporta millones de toneladas de soja, la realidad de la desnutrición infantil, impacta con mucha fuerza, en los grupos etarios más expuestos a los problemas de salud derivados de alimentos contaminados se encuentran también personas adulas mayores, embarazadas y personas enfermas. La investigación y el desarrollo de políticas públicas justas unen los objetivos de universidades y centros de investigación con las metas gubernamentales; desde este punto, la preocupante realidad puede comenzar a cambiar.
Estos cambios son procesos que, según la Prof. Dra. Mónica Gavilán Jiménez, coordinadora de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (FCA-UNA), ya comenzaron a darse en el país. En una entrevista, la académica detalló avances en la materia:
“La producción de alimentos o su transformación, cuenta con la posibilidad de aplicar sistemas de gestión de calidad, todos ellos enfocados en asegurar la calidad del alimento y proteger al consumidor, estos sistemas, si bien son voluntarios, debido a todos los riesgos y exigencias; hoy se están volviendo prácticamente obligatorios, tales como las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas Pecuarias (BPP), Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP); ISO 22000, entre otras. De la misma forma un regulador muy exigente es el mercado exterior, ya que las exportaciones se realizan con la mayoría de estos sistemas aplicados, garantizando el producto como apto para consumo”.
Remarcó que no existen, en nuestro país, estadísticas oficiales de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), debido a que no se realiza un monitoreo y la mayoría de las veces en la consulta médica no se solicitan los análisis requeridos para identificar la causa de la enfermedad, por lo tanto, el subrregistro es muy elevado. También hizo énfasis a la falta de aplicación del Codex Alimentarius, que tiene la finalidad de garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y en cualquier lugar (FAO).
Entre normas y realidades
La investigadora señaló que, en el país existen tres entes reguladores, el Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), para productos vegetales in natura; el Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA) para los productos pecuarios y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), actualmente dependiente de DINAVISA. Sin embargo, reclamó que tantas instituciones se superponen en objetivos y pueden perder eficiencia, lo que refleja la realidad actual.
Desde una perspectiva global, la demanda de alimentos crecerá indefectiblemente, lo que supondrá una mayor producción. Para ello, sostiene que es imprescindible educarnos como sociedad para reconocer la alimentación apropiada como un derecho básico, y salir a defenderlo:
“Más que simple tecnificación debemos apuntar a innovación y tecnologías apropiadas, pero la calidad con la cual debemos producir alimentos será cada vez más crucial. Sabiendo que, de la calidad de los alimentos disponibles para el consumo, depende la salud y desarrollo del capital humano. Hay que invertir en lograr sistemas agroalimentarios sostenibles, hay poner en el centro de nuestros discursos la relevancia de la seguridad alimentaria nutricional, no solo dependemos de la disponibilidad de alimentos, hay que apostar a la educación nutricional, al acceso y a la salud, de modo a lograr el cumplimiento del “derecho humano a la alimentación apropiada”.
Durante el 2024, legisladores promovieron el proyecto de Ley “Marco del derecho humano a la alimentación adecuada en la República del Paraguay”, que tiene como objetivo:
“asegurar el ejercicio pleno del derecho humano a una alimentación adecuada, a través de un marco jurídico de referencia, que permita al Estado crear políticas y estrategias para garantizar de manera permanente y sin regresiones el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía alimentaria para el disfrute de una vida sana y activa”. (Senado.gov, 2024).
Alternativas viables
La pequeña producción no puede alcanzar ciertos estándares de calidad ya que el acceso a materiales básicos es deficiente, como una productora de alimentos frescos que no puede conservarlos por falta de hielo; aunque también hay casos de producciones a gran escala que utilizan sistemas tecnológicos y tienen acceso a todos los materiales necesarios. En este punto, es importante proponer nuevas alternativas, como la de la Dra. Gavilán, que sostiene que los Sistemas Participativos de Garantía (SPG), permitirían que la agricultura familiar pueda seguir liderando la producción de alimentos seguros y culturalmente aceptados.
Por otro lado, subrayó el papel fundamental de la educación y de la investigación como puertas que permitirán a las y los consumidores aplicar las informaciones facilitadas para tomar decisiones y alimentarse de manera consiente y saludable, desde lo más simple, como descongelar carne de pollo, hasta lo más complejo, como manipular alimentos en fábricas o trasportarlos de un punto a otro del país.
Como sociedad es nuestro deber velar por nuestra correcta y sana alimentación y también por la de las demás personas. Es un compromiso compartido que debemos abordarlo de la manera más responsable posible, ya que un tereré con yuyos mal lavados, un paquete de galletitas con moho, o una milanesa de surubí contaminado con metales pesados pueden provocarnos problemas en la salud, que como vimos al principio, hasta pueden ser mortales.
La alimentación sana es nuestro derecho. Hagámoslo realidad entre todas y todos.
Por Juan Paciello. DRIC – UNA
Referencias
FAO. (s.f.). FAO/WHO. Obtenido de https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/es/#c453333
OMS. (1 de Diciembre de 2015). OMS. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/199350/9789241565165_eng.pdf?sequence=1
Riquelme, Q. (2016). CADEP. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cadep.org.py/uploads/2022/05/Agricultura-Familar-Campesina-12mayo.pdf
Senado.gov. (19 de Noviembre de 2024). Senado.gov. Obtenido de https://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/14524-dictamen-favorable-al-proyecto-que-establece-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-2024-11-19-13-04-48